Obligaciones de los Prestadores de Servicios. LSSI

Obligaciones de los Prestadores de Servicios. LSSI

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Durante los últimos dias hemos visto y/o leido en los medios varias operaciones contra el fraude y la corrupción. Siempre aparece una imagen común, los miembros de la UCO llevándose ordenadores de las instalaciones y domicilios de los imputados. Me imagino que la mayoría de los acusados usarían servicios incloud estilo Dropbox, Evernote, Onedrive, Google Drive, etc. para ubicar los datos “sensibles” igual pensando que de esta forma no estarían al alcande le los Cuerpos de Seguridad del Estado.

Os preguntaréis porque, si suponemos que usan servicios de almacenamiento en la nube, los jueces de instrucción requieren los equipos informáticos de los imputados. Debemos de tener en cuenta que muchos servicios de alojamiento incloud generan una copia espejo en el equipo físico, también el código Mac (código único de la tarjeta de red) es identificativo a la hora de detectar las conexiones de los equipos y por ende poder solicitar, por parte de los jueces, información a los proveedores de servicios en función de sus conectados. Todo esto sin contar que algún pánfilo corrupto haya guardado datos “críticos” de sus andanzas directamente en su equipo.

la LSSI o LSSICE (Ley de Servicios de la Sociedad de Información de España o Ley 34/2002 del 11 de Julio de Servicios de la Sociedad de Información y Comercio Eléctrónico),  establece la Responsabilidad de los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos.

En su artículo 16 establece que:

  • Los prestadores de un servicio de intermediación consistente el albergar datos proporcionados por el destinatario de este servicio no serán responsables por la información almacenada a petición del destinatario, siempre que:
    • No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, o si lo tienen, actúen con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos.

Se entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo, al cual se refiere este párrafo, cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenando su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismo, o se hubiera declarado la existencia de la lesión y el prestador conociera la correspondiente resolución, sin perjucio de los procedimientos de detección y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudierean establecerse (Todos recordamos el caso de Megaload, que aunque bajo otra regulación, el espíritu de la norma era el mismo).

Evidentemente esto afecta unicamente a los prestadores de servicios establecidos en España (artículo 2, Capítulo II de la LSSI):

  • Esta Ley será de aplicación a los prestadores de servicios de la sociedad de la información establecidos en España y a los servicios prestados por ellos.
  • Se entenderá que un prestador de servicio está establecido en España cuando su residencia o domicilio socieal se encuentre en territorio español, siempre que estos coincidan con el lugar en que estñe efectivamente centralizada la gestión administrativa y la direccióm de sus negocios. En otro caso, se atenderá al lugar en que se realice dicha gestión o dirección.
  • Asimismo, esta Ley será de aplicación a los servicios de la sociedad de la información que los prestadores residentes o domiciliados en otro Estado ofreacan a través de un establecimiento permanente en España. Se considerará que un prestador opera mediante un establecimiento permanente sicuado en territorio español cuando disponga en el mismo, de forma continuada o habitual, de instalaciones o lugares de trabajo, en los que realice toda o parte de su actividad.
  • A los efectos previstos en este artículo, se presumirá que el prestador de servicios está establecido en España cuando el prestador o alguna de sus sucursales se haya inscrito en el Registro Mercantil o en otro registro público español en que fuera necesaria la inscripción para la adquisición de personalidad jurídica.
  • La utilización de medios tecnológicos situados en España, para la prestación o el acceso al servicio, no servirá como criterio para derterminar, por si solo, el establecimiento en España del prestador.

Quizás esta ultima frase se de las más interesante a la hora de determinar si establecemos o contratamos un servicio en España. Hasta hace relativamente poco, sobre todo en aplicaciónes fiscales, se establecía como criterio de responsabilidad fiscal en las empresas el lugar de ubicación de sus servidores.

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